Jujuy, una provincia fronteriza con Bolivia de poco más de 700.000 habitantes, será la primera de Argentina en cultivar sin restricciones legales cannabis para uso medicinal. El gobierno local ha conseguido la autorización nacional para importar semillas e iniciar pruebas piloto en una finca de propiedad fiscal, paso previo a la elaboración y distribución del aceite. Para ello ha creado la empresa pública Cannabis Avatãra, la primera en su tipo en el país austral. Otra compañía, pero privada, la estadounidense Green Leaf Farms International, subsidiaria de Players Networks, pondrá la experiencia y el 100% dinero necesario para financiar el proyecto.
El Congreso argentino aprobó en marzo de 2017 una ley que autoriza el uso medicinal de la marihuana. Limitó los permisos al tratamiento de la epilepsia refractaria y como, al mismo tiempo, mantuvo la prohibición para el autocultivo, habilitó su importación hasta tanto el Estado encontrase condiciones para producirlo. Como el Estado no pareció muy interesado en avanzar en la producción nacional del aceite, los pacientes aún deben pagar 400 dólares por una botella de 100 mililitros de aceite, suficientes, en el mejor de los casos, para un mes de tratamiento. La cifra supera en casi 90 dólares el salario mínimo de un argentino y fuerza a los pacientes al autocultivo, a riesgo de ir presos hasta 15 años, o a acudir al mercado negro. Allí, el precio baja hasta los 40 dólares, pero por un medicamento sin control alguno y eficiencia azarosa.
El gobierno de Jujuy ha prometido que con Cannabis Avatãra llenará el capítulo de la ley que habilitaba a la producción nacional de aceite de cannabis. “La idea es que el Estado sea un proveedor seguro”, dice Gastón Morales, presidente de la empresa pública e hijo del gobernador de la provincia, el oficialista Gerardo Morales. La previsión es producir 300.000 litros de aceite en cinco años, suficientes para abastecer el mercado local y exportar los excedentes.
“Cualquier avance es bueno, porque hoy todas las mamás vamos al mercado negro o bien tenemos que cultivar”, dice Maria Elena Vildoza, de Cannabis Medicinal Jujuy. María Elena es la mamá de Gael, un niño de cuatro años que padece epilepsia refractaria. “Cuando no pudimos comprar el cannabis por su precio dejamos de darle la dosis durante un tiempo. Gael volvió entonces a convulsionar, comenzó a aislarse y dejó de comer. Con el aceite volvió otra vez a la vida”, dice.
El proyecto jujeño tuvo todo el apoyo del gobierno de Mauricio Macri, clave para la aprobación de las instancias sanitarias y permisos fiscales. Esta semana, el ministerio de Seguridad dio el visto bueno al uso de hasta 15 hectáreas de la finca El Pongo, de propiedad pública, donde se plantarán las primeras semillas antes de la experiencia a gran escala. “En dos o tres semanas llegarán las primeras semillas y en septiembre ya podremos pasar de la etapa piloto a la industrial”, explica Morales. Luego se iniciarán la producción del aceite y los trámites ante la Anmat, la oficina que debe aprobar su venta como medicamento.
Las madres de Cannabis Medicinal Jujuy están al tanto del proyecto desde el principio. Les han prometido que recibirán el aceite gratis. “Por ahora son proyectos, habrá que ver qué pasa en los hechos”, dice Vildoza. “Sabemos que se va a cultivar, pero no sabemos qué tipo de semillas van a traer, cuántas han autorizado. Las mamás que cultivan saben qué planta necesitan sus hijos, yo quiero el aceite para mi hijo, es lo único que me interesa”, explica.
María Laura Alasi es mamá de Josefina, una niña de seis años que en la peor etapa de la enfermedad llegó a tener 600 espasmos por día. “Tomaba seis anticonvulsivos por día y ahora toma solo uno y el aceite. Sus espasmos se han reducido a 20 por semana”, cuenta. Su caso es conocido porque Alasi fue la primera argentina que consiguió la autorización para importar el aceite. Hoy lamenta que el Estado nacional no se haya hecho cargo de la producción nacional del medicamento ni permitiese el autocultivo. Vive en Buenos Aires, pero está al tanto del proyecto en Jujuy. “Al ser un proyecto con capitales privados será un negocio y terminará funcionando, pero el riesgo es que el aceite no llegue a la gente de bajos recursos”, dice. Morales asegura que los beneficios serán enormes. “Es una cuestión de salud pública”, añade, “porque está demostrada la potencia terapéutica de la planta de cannabis”.
