Luego de la primera capacitación teórica que se realizó en noviembre pasado, ayer jueves en el Hospital Municipal Dr. Pedro T. Orellana los profesionales de la salud accedieron a un taller en el que abordaron casos posibles de aplicación de la interrupción legal del embarazo (ILE), con un auditorio completo.
Según las especialistas que llegaron a la ciudad, existe una resistencia de los médicos a aplicar la ley vigente que establece la ILE en casos de violación y donde esté en riesgo la salud, entendida como salud bio-sico-social. Asimismo, señalaron que en Uruguay la muerte materna disminuyó del 50% a 0% desde que se avanzó en la despenalización del aborto. También sostuvieron que las muertes por abortos clandestinos se dan en sectores de pobreza, porque en los otros casos se accede a abortos seguros –aunque clandestinos- y aseguraron que los trastornos post abortos son ocasionados por la clandestinidad en los que ocurren y no así en los casos que se realizan de manera legal.
La abogada de la dirección Provincial de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos, Dra. Anabella Peres, dijo que “es un tema movilizador porque los médicos no tenemos una formación cabal en cuanto a los alcances de la ley. Los equipos de salud están más empoderados en esta problemática. La idea de las capacitaciones es concientizar que la interrupción legal del embarazo es un problema de salud pública, atinente a todos los servicios y a los que trabajamos en la salud pública. Tenemos que seguir reenfocándonos en este tema y sobre todo, al hospital y los centros de salud como garantes de derechos. Acá hablamos de Derechos Humanos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Nos parece muy importante que en el ámbito de salud se den estos debates”.
En cuanto al marco normativo indicó que “la ley está vigente en la República Argentina desde 1921, porque el de aborto voluntario no prosperó en el Congreso. Hablamos de lo que está vigente, del protocolo de interrupción legal del embarazo que tiene la provincia de Buenos Aires desde el año 2012, del Código Penal que en su artículo 86 estipula las causales para acceder a una práctica como es el aborto legal y el fallo FAL que es la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante estos casos”.
La Dra. Graciela Lukin, Tocoginecóloga del Equipo del Programa, señaló que la legalidad actual alcanza a “casos de violación y de riesgos en la salud, entendida como salud bio-sico-social. A los médicos que somos los que tenemos la potestad de realizar una interrupción legal -según lo fija el Código Penal- nos cuesta mucho pensar que el ser humano tiene algo más que su cuerpo. Nos cuesta mucho entender que una paciente puede tomar una decisión de interrupción, primero porque nos cuesta aceptar la autonomía del otro, porque los que sabemos y tenemos la verdad somos nosotros y lo otro es que haya una causa que no sea “si se muere” y a veces “si fue violada”, porque dudamos si fue así. Esto no es así, si una paciente viene y dice que fue violada por su pareja o un extraño, o es una niña, eso es causal absoluta de interrupción y el fallo dicta claramente que si no se realiza somos punibles de acción legal”.
En cuanto a los métodos de interrupción del embarazo informó que “desde la medicina se divide el embarazo en tres trimestres. Cada uno de esos trimestres se puede interrumpir con medicación como misoprostrol y en el primer trimestre se puede usar otra técnica que es la aspiración manual endouterina (AMEU), que desde el programa estamos tratando de instaurar en toda la provincia de Buenos Aires. El raspado o legrado, es obsoleto, la OMS no lo avala y más allá de una interrupción legal, en un aborto incompleto, en una mola, lo que está indicado es usar el AMEU, no el legrado. En el segundo trimestre hay otras técnicas, y en el tercer trimestre se puede hacer parto normal o cesárea”.
LEY
La médica apuntó que “la ley está para cumplirla y no debe ser manipulada según lo que cada uno cree. Porque en ese no hacer, hay una persona que se perjudica. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, los médicos tienen que respetar los derechos de las personas, respetar sus decisiones, en el marco de la ley”.
La médica se refirió también a realidades en otros países como Uruguay “donde no tienen muertes por aborto. En los años 60, cuando Uruguay empieza con la disminución de riesgo y daños, las muertes maternas eran el 50% y se lograron llevar a cero”.
Asimismo, Lukin dijo que “no tenemos que ser hipócritas; las mujeres que mueren son las pobres, porque las ricas o que tenemos otras posibilidades, le pagamos al doctor que lo hace en condiciones seguras. También es clandestino, pero es seguro. El problema es la que no tiene ese dinero. Esa mujer se muere o puede perder el útero. Son muertes evitables, además altamente discriminatorias”.
Consultada sobre si existe el trastorno post aborto, la profesional indicó que “ll trastorno que produce el aborto está ligado a la clandestinidad. Los relatos de las mujeres son trágicos”.
