Luego de la trágica explosión en la escuela de Moreno, que dejó a dos personas fallecidas, el directorio de Enargas ordenó a las empresas distribuidoras a que lleven adelante inspecciones de seguridad en las instalaciones de gas “de todos los establecimientos educativos, oficiales y privados, en todos los niveles existentes en su área, con el objetivo de prevenir accidentes”.
La resolución 201/2018, publicada hoy en el Boletín Oficial por el ente regulador, instruye a todas las licenciatarias del servicio de distribución de gas por redes, incluyendo a las subdistribuidoras, a diseñar de forma coordinada con las autoridades educativas “un protocolo de verificación y un plan de acción” para realizar dichos controles.
Según se desprende del texto de la norma, la medida estará “a cargo y costo” de las empresas distribuidoras. Tendrán como plazo máximo el 31 de octubre y “será independiente” del programa “Revisión Técnica Obligatoria”, que se efectua de manera periódica.
La decisión, aprobada por los directores Daniel Perrone, Carlos Casares, Diego Guichón y Mauricio Roitman, fue resuelta después de la crisis derivada por la voladura de la Escuela Primaria N°49 Nicolás Avellaneda ocurrida el 2 de agosto pasado. El hecho ocasionó que la vicedirectora Sandra Calamano, de 48 años, y el portero Rubén Rodríguez, de 45, fallecieran cuando encendieron las luces de la sala de profesores y se desató la explosión.
Los docentes culparon a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por el fatal accidente y lo atribuyeron a la falta de presupuesto para la infraestructura escolar. Los gremios realizaron una movilización a la Gobernación en reclamo de Justicia y amenazaron con 72 horas de paros.
Uno de los apuntados en la investigación judicial es el gasista Cristian Javier Ricobene, quien había concurrido un día antes al establecimiento por la pérdida de gas en una estufa.
El hombre quedó detenido luego de que se presentara a declarar espontáneamente ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, a cargo de la fiscal Gabriela Urrutía.
También está imputado por “incumplimiento de deberes de funcionario” Sebastián Nasif, el ex interventor del Consejo Escolar de Moreno que renunció a su cargo tras la explosión en la escuela.
Infobae
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