El estado de emergencia que atraviesa actualmente el Departamento Judicial Trenque Lauquen, en particular a partir de la falta de cobertura de cargos de magistrados/as, de funcionarios/as y de personal administrativo/a, y también como consecuencia de la condición edilicia de algunos organismos, convocó a una reunión de miembros de los Colegios de Abogados y de Funcionarios y Magistrados departamentales, respectivamente, quienes analizaron en forma pormenorizada el cuadro de situación, comprometiéndose a trabajar y gestionar en forma mancomunada ante los consejos superiores, autoridades provinciales y poder político, en busca de las respuestas que permitan solucionar los graves inconvenientes que se están acarreando y que provocan retrasos e insatisfacción en la prestación del servicio de justicia.
Si bien fue el primer encuentro conjunto para abordar la problemática apuntada, cabe remarcar que cada uno de los Colegios ya lo venía haciendo en el seno de su consejo directivo y en el marco de diferentes acciones que, incluso, llevaron a recorrer localidades del departamento judicial para interiorizarse en persona de aspectos puntuales que afrontan las mismas.
De esta primera reunión conjunta por el CADJTL participaron los Dres. Néstor Orbegozo (Vicepresidente primero), Felipe Arrastúa (Tesorero) y Mario Martín (Vocal titular y Director del Área Académica), mientras que por el Colegio de Magistrados y Funcionarios lo hicieron las Dras. María Florencia Marchesi Matteazzi (Presidente), María Gabriela Martínez (Vicepresidente) y Silvana Paiuzza (representante del funcionariado ante la Mesa Provincial del CMyF DJTL).
Los y las representantes de ambos Colegios repasaron de manera minuciosa la falta de todo tipo de nombramientos en los diferentes tribunales, juzgados y organismos, que abarca Fiscalías, Defensorías, Órganos Jurisdiccionales -fueros Laboral, Penal y Civil, Juzgado de Paz-, y las condiciones edilicias de distintas sedes del departamento judicial, específicamente en Rivadavia, en Daireaux y en el Juzgado Civil y Comercial nº2.
Además, al primero de esos puntos debe sumarse el proceso de subrogancia, por el cual magistrados/as que están ocupando los cargos en los que oportunamente fueron nombrados deben atender a la vez aquellos organismos que se hallan vacantes, circunstancia que lamentablemente no es excepcional y que por el desdoblamiento de funciones termina ralentizando también la administración de justicia en el propio fuero del juzgado que tiene titular.
Esta situación amenaza agravarse a corto plazo y puede potenciarse incluso con una creciente conflictividad social que termine en mayores presentaciones judiciales, además atenta contra la salud y seguridad laboral de los operadores del sistema jurisdiccional de justicia, los que a pesar de la muy buena predisposición que tienen en la atención quedan sobrecargados de tareas.
Por todo lo expuesto, se continuará en el pedido de intervención a los consejos superiores provinciales, sin perjuicio de las acciones que eventualmente puedan llevar los Colegios por su propia cuenta.