La justicia los procesó por “defraudación contra la administración pública”. A la actriz le embargan $ 50 millones y al ex ministro $ 60 millones.
El juez federal Sebastián Ramos procesó a Andrea del Boca, a Julio De Vido y a otros ocho imputados por el delito de “defraudación contra la administración pública”, a raíz de las irregularidades detectadas en la financiación de la telenovela “Mamá Corazón” y de otras producciones audiovisuales, financiadas por el disuelto Ministerio de Planificación.
El ex ministro kirchnerista De Vido fue procesado como autor de ese delito y se le trabó un embargo por $ 60 millones; mientras que la actriz y productora fue procesada como “partícipe necesaria”, al igual que al entonces rector de la Universidad de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, a quienes les trabaron un embargo por $ 50 millones y $ 60 millones, respectivamente.
Después de las indagatorias tomadas en el marco de esta causa, y tras el análisis del informe que entregaron los peritos de la Corte Suprema, se estableció que Andrea del Boca percibió más de $ 24 millones por la realización de “Mamá corazón”, que financió el Ministerio de Planificación por intermedio de la UNSAM. El informe confirmó que se cobró el “76,01% del total” presupuestado para la obra.
La productora “a+A Group” (de la actriz) tuvo una ganancia de $ 3,26 millones por una novela que iba a costar $ 36,6 millones y nunca se terminó.
En una resolución de 282 páginas, el magistrado planteó que a lo largo de la instrucción, “se ha permitido detectar una serie de inconsistencias e irregularidades. La maniobra en cuestión se encontraba planificada y direccionada desde su inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca”.
Para que la maniobra investigada logre concretarse, el juez consideró que todos los participantes cumplieron un rol específico que “contribuyó al éxito de la misma” y consideró que existió una estructura que respondió “a una voluntad predominantemente política y adoptada con anterioridad a que se formalizara el trámite de los expedientes”.
Así, el juez Ramos señaló el convenio tuvo como propósito “posibilitar la selección discrecional de la telenovela “Mamá Corazón”, propuesta por la productora “a+A Group SRL”, para que fuera “financiada íntegramente con fondos públicos y generara ganancias a la referida empresa, cuya socia gerente Andrea del Boca era una persona cercana al gobierno de ese entonces”.
El magistrado indicó que no se cuestiona la “aptitud y/o calidad artística” de Andrea Del Boca como productora, sino que se pone en tela de juicio “la manera en que su proyecto fue escogido y la modalidad de contratación adoptada por parte de la UNSAM, en franca violación a la normativa vigente”.
Las contrataciones directas efectuadas con Universidades Nacionales buscaban “disimular la adjudicación directa de los fondos aportados por el Ex MINPLAN a la productora a+A Group SRL, con la excusa de generar contenidos para el BACUA”, resaltó Ramos.
El juez concluyó que, durante la instrucción junto al fiscal Gerardo Pollicita, se demostró que la decisión de financiar la obra “Mamá Corazón” “estaba tomada antes de la formalización de los expedientes y que todo lo actuado con posterioridad tuvo el propósito de dotarla de legitimidad”.
A partir de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, remitiendo a dos notas publicadas por Clarín, el juez que intervino primero en la causa fue Sebastián Casanello. Pero luego se remitió la causa al juez Ramos, por conexidad con una investigación que realizaba por la serie El Pacto -producida por Tosteki-, que recibió $ 4,5 millones en una operatoria similar.
El juez Ramos investigó las irregularidades en dos convenios con la UNSAM, que incluían el otorgamiento de $ 356 millones. Además de procesar a Del Boca, De Vido y Carlos Ruta, el magistrado procesó a la ex titular del INCAA, Liliana Mazure, a quien le trabó un embargo de $ 5 millones; a Nadia Jacky, directora de Tostaki, con un embargo de $ 6 millones; a los secretarios de la UNSAM, Maximiliano Schwerdtfeger y Hugo Nielson, con embargos de $ 50 millones y $ 6 millones; y a los ex funcionarios K Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada, con un embargo de $ 50 millones cada uno.
Fuente: Clarín
