NUEVA LEY DE ETICA PUBLICA: QUITAN LA OBLIGACION PARA QUE LOS SINDICALISTAS MUESTREN SU PATRIMONIO

La obligación para que todos los sindicalistas muestren sus bienes a través de una declaración jurada patrimonial fue eliminada del borrador de la Nueva Ley de Ética Pública.

El artículo, contundente, se había convertido en uno de los estandartes de la nueva Ley de Ética Pública que impulsa la gestión de Mauricio Macri. En tiempos donde hay varios popes gremiales presos por fortunas injustificables y otros dando explicaciones ante la Justicia, aparecía -en rigor- una deuda de campaña de Cambiemos.

Pero el artículo ya no está. Fue eliminado del proyecto que hace un mes espera la firma del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y luego la del presidente, Mauricio Macri, para ser enviado al Congreso.

La decisión fue tomada hace seis semanas, sin embargo recién se le comunicó a los diputados de Cambiemos el martes en un encuentro en Casa Rosada.

En la reunión, estuvieron la titular de la OA, Laura Alonso; el Secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el “lilito” Fernando Sánchez; y los diputados Silvia Lospennato y Pablo Tonelli, del PRO; Paula Oliveto y Juan Manuel López, de la CC-ARI; Karina Banfi, de la UCR, y Graciela Ocaña, entre otros.

Todo transcurría sin mayores sobresaltos, hasta que llegó la filmina de sujetos obligados a presentar Declaraciones Juradas. “¿Por qué no están los sindicalistas?”, preguntó el diputado Juan Manuel López, una de las manos derechas de Carrió.

Fue entonces cuando se les comunicó que esa parte había sido eliminada del borrador oficial. El contexto ayudó a verlo como un guiño a los principales líderes gremiales que hoy están en la mira de la opinión pública y también de la Justicia, y sobre todo a la CGT en vísperas de un diciembre caliente, con amenazas de paro y movilización siempre latentes.

Sobre todo, si se tiene en cuenta que se aguardaba la inminente presentación del proyecto, tras un año ya de debates, en los que hubo audiencias públicas con ONG y representantes de los tres poderes; trabajos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con la secretaría Legal y Técnica, y hasta un periodo en el que, a través de un sitio web oficial, los ciudadanos hicieron sus observaciones.

En ese camino, el borrador contuvo como uno de sus puntos principales que los líderes gremiales transparenten sus patrimonios. El problema surgió cuando se consultó área por área dentro del Gabinete. En Salud, Adolfo Rubinstein dio el “ok” para que los titulares de obras sociales sindicales estén incluidos, algo que se mantuvo en el borrador.

Cuando se escaló en torno a los jefes de los gremio, la respuesta no fue la misma. En la secretaría de Trabajo, que depende de Jorge Triaca y es la encargada del vínculo con los líderes del movimientos obrero, se desligan de esa decisión de sacar ese punto. “Nosotros no hicimos ese pedido”.

“Desde que empezamos, trabajamos para transparentar el mundo gremial. Un ejemplo de eso es el proceso de auditorías que iniciamos para que las organizaciones gremiales presenten sus balances, registros de afiliados y toda la documentación que marca la ley”, dijeron.

La Nueva Ley de Ética Pública fue una de las promesas de Macri en su discurso de apertura de sesiones el 1 de marzo. A 8 meses, todavía no se presentó, pero ya genera polémica.

“No es un tema cerrado”, fue la respuesta que le dio Marcos Peña a los presidentes de bloques legislativos de Cambiemos en otra reunión. Más allá de eso, el cambio generó tensiones internas dentro del oficialismo y presagio un debate caliente en el Congreso de la Nación.

Clarín