El pasado año estuvo signado por el avance legislativo en materia de género, la Cámara de Diputados debatió y aprobó tres iniciativas destacadas. Tres mujeres, tres historias diferentes, pero todas unidas por un objetivo: tomar conciencia y avanzar en nuevas leyes de carácter social.
El 18 de diciembre de 2018 la Cámara de Diputados aprobó por 171 votos afirmativos contra un voto negativo, la “Ley Micaela”, una iniciativa que aportará una nueva herramienta legal contra la violencia de género. Un día después, el Senado de la Nación la convirtió en Ley, también por unanimidad. La ley lleva el nombre de Micaela García, en memoria de la joven asesinada en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos.
La norma dispone la capacitación en la temática de género en los tres poderes del Estado Nacional, para todos los niveles y jerarquías, entendido no como una mera elección de preferencia personal sino a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
La autoridad de aplicación es el Instituto Nacional de las Mujeres, organismo dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, que tiene como objetivo elaborar políticas, programas e iniciativas destinadas a empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género y la erradicación de la violencia.
En la misma línea, en una sesión especial la Cámara de Diputados convirtió en Ley dos iniciativas que marcaron, también, grandes avances a nivel social. Fueron la “Ley Justina”, de donación de órganos y la “Ley Brisa”, sobre reparación económica a hijos de víctimas de femicidio. Resultaron aprobadas por unanimidad el pasado 4 de julio.
La nueva Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células dispone que todas las personas mayores de edad pasen a ser donantes, a menos que dejen constancia expresa de lo contrario. Fue avalada por 202 votos afirmativos. La norma, elaborada en conjunto con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), lleva ese nombre en honor a Justina Lo Cane, la niña de 12 años que falleció en noviembre del 2017 mientras esperaba un corazón para ser trasplantada.
En la misma sesión, tras conseguir 203 votos afirmativos, el pleno de la Cámara sancionó la denominada “Ley Brisa”, por la cual se creó el régimen de reparación económica para hijos e hijas de víctimas de violencia de género. La ley fue denominada “Brisa” inspirada en el caso de una niña de 5 años, víctima colateral por el asesinato de su madre en manos de su padre. Actualmente, la niña vive en la localidad bonaerense de Moreno con sus hermanos mellizos, sus tres primos y sus tíos.
Su dolorosa historia fue tomada por la asociación civil La Casa el Encuentro para reclamar e impulsar la ley aprobada. La norma propone que se cree un régimen de reparación económica para las niñas, niños y adolescentes cuando cualquiera de sus progenitores haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio contra su otro su progenitora.
Según la iniciativa, para hacer efectiva la reparación económica, las personas que administren la prestación deben acreditar ante la autoridad de aplicación tener a su cargo a la niña, niño o adolescente. En el supuesto de personas con discapacidad sin límite de edad, deberán presentar el certificado único de discapacidad emitido por autoridad competente.
La reparación económica establecida en la presente ley debe ser abonada por el Estado Nacional mensualmente, por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo y se la considera de atención integral compatible con las asignaciones familiares. Además, dispone la cobertura integral de salud la cual debe cubrir todas las necesidades de atención de su salud física y psíquica, garantizar en forma prioritaria la atención integral y cumplir un seguimiento y control por parte del Ejecutivo.
Los hechos trágicos derivan, muchas veces, en una búsqueda de respuestas y permiten realizar un aporte para cambiar la realidad y permitir ayudar a otros. Tres leyes que marcaron un cambio social, logradas con la interacción de distintos sectores de la sociedad y un amplio consenso legislativo.