Este viernes, en forma virtual, se reúne la Comisión del Gobierno y el Congreso que debe definir el proyecto de ley de la futura fórmula de movilidad, en reemplazo de la anterior y de los aumentos por decreto del Presidente. La posición mayoritaria es postergar hasta fin de año la aprobación de esa fórmula y que, además del aumento de junio, el Gobierno continúe con los aumentos por decreto trimestrales, de septiembre y diciembre.
Así le dijeron a Clarín fuentes oficiales. El argumento es que por la caída de los ingresos laborales y de los trabajadores, de la recaudación impositiva y de la Seguridad Social y de la actividad económica, cualquier fórmula que tenga en cuenta esos indicadores arrojaría cifras negativas.
Según la ley de Emergencia, que suspendió por 180 días la fórmula de movilidad, el Poder Ejecutivo nacional debía convocar a una comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación para proponer un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales de acuerdo con los principios de “solidaridad y redistribución”.
Esa comisión, de manera virtual, se reunirá el viernes y postergará la elaboración de la fórmula para el mes de diciembre.
En tanto, se descuenta que, como pasó con el incremento de marzo que fue del 2,3% más una suma fija de $ 1.500, el aumento a partir de junio y también los del segundo semestre volverán a combinar un porcentaje más una suma fija.
Así habrá un nuevo achatamiento de la pirámide previsional porque los “principios de solidaridad y redistribución” implican que los que más ganan cobren un porcentaje inferior con relación a los haberes más bajos.
Si se hubiera aplicado la fórmula suspendida, el aumento de marzo hubiera sido parejo del 11,56% y el de junio, del 10,9%, de acuerdo al índice de la fórmula suspendida que se formara en un 30% por la evolución de los salarios formales según el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y un 70% de la inflación entre octubre y diciembre de 2019. Con el aumento por decreto de marzo se estimó que, con el 2,3% más los $ 1.500, unos 2,7 millones de jubilados y pensionados cobraron menos que si se hubiera aplicado la fórmula suspendida. En cambio, 4,5 millones de jubilados y pensionados cobraron hasta un 13% más.
Este achatamiento de la pirámide previsional significó un ajuste fiscal del orden de los 5.000 millones de pesos mensuales porque el aumento diferenciado representó un incremento global del 9%, frente al 11,56% de la formula suspendida. Pero en términos globales, ese ajuste quedó compensado por el pago del bono de hasta $ 3.000 que se otorgó a los jubilados que ganan hasta $ 18.892 y el bono de $ 3.103 para los 2,2 millones de padres que cobran la AUH por 4 millones de chicos.
La movilidad abarca a 18 millones de jubilados, pensionados, beneficiarios de Asignaciones Familiares, AUH, PUAM (Prestación Universal Adulto Mayor) y pensiones no contributivas.
