El intendente municipal de Trenque Lauquen, Dr. Miguel Fernández, junto a más de 40 jefes comunales de todo el arco político de la provincia de Buenos Aires (de Cambiemos, del PJ y del Frente Renovador) se reunieron ayer a media mañana y presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un escrito para defender en el terreno judicial el cobro de la tasa de Seguridad e Higiene.
La reunión se llevó a cabo en la confitería Colón, frente a la SCJN, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Escobar, Lanús, Campana, Cañuelas, Azul, Arenales, Junín Lincoln, Bahía Blanca , Ituzaingó, Vicente López, San Isidro, Lomas de Zamora, Bragado, Tres de Febrero, Luján, Rivadavia, Rojas y Pergamino son algunos de los municipios que estuvieron presentes y firmaron la nota.
Para Fernández, “la acción conjunta de los municipios a favor de la autonomía transforma esta acción en un hecho relevante, casi histórico”, y no dudó que en poco tiempo “seguramente se sumarán intendentes de municipalidades de otras provincias”.
“Es un paso más en el camino de la autonomía municipal consagrada en la constitución del 94 y negada en la Provincia por un acuerdo entre el ex presidente (Eduardo) Duhalde y Rico en ese mismo año. Seguiremos luchando por la autonomía municipal y la libertad de poder dictar nuestra propia carta orgánica llegado el momento”, afirmó el intendente de Trenque Lauquen.
La petición -la presentación fue habilitada por el juez Carlos Rosenkrantz- ingresó bajo la figura Amicus Curiae en el marco de las actuaciones judiciales iniciadas (causa 1533/2017) por la empresa Axion-Esso contra el Municipio de Quilmes, que conduce Martiniano Molina, por la aplicación del tributo mencionado (Inspección de Seguridad e Higiene).
Mediante la Amicus Curiae los intendentes abogan por el pleno cumplimiento de la Constitución Nacional, que establece la autonomía municipal, según quedó establecido en la reforma constitucional de 1994, cuando se incorporó el artículo 123.
Hace muchos años, sostienen los jefes comunales, que la legalidad quedó convalidada por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal, llegando, incluso, a la Jurisprudencia de la Suprema Corte bonaerense en 1995, con el caso Nobleza Picardo, y ratificado luego en otros precedentes.
Los intendentes rechazaron con argumentos la idea de que son los municipios los principales responsables de la elevada presión tributaria que hay en el país, como maliciosamente desde algunos sectores señalan, por desconocimiento de la cuestiones o, lo que es peor, por una defensa de intereses corporativos.
Del total de ingresos de la Argentina, de todos los sectores estatales, sólo 1,4 por ciento corresponde a los más de 2.150 gobiernos municipales. El resto se distribuye de la siguiente forma: 84.4 por ciento para el Gobierno federal y 14.2 por ciento para el conjunto de las provincias argentinas.
De prosperar el reclamo de la empresa multinacional, en la Provincia calculan que se generaría un impacto fiscal de entre 12 mil y 15 mil millones de pesos que, obviamente, afectaría a la totalidad de las comunas.
