La Cámara de Senadores de la Nación aprobó ayer jueves, y giró a Diputados, el proyecto que modifica la Ley de Movilidad Jubilatoria y establece cuatro aumentos anuales para el sector pasivo, uno de cada tres meses, con un índice basado en la suba de la recaudación de la Anses y los ajustes salariales.
La iniciativa prevé que en la actualización de las remuneraciones del sector pasivo se aplique un índice combinado entre un 50 por ciento a la evolución de los salarios, medidos por el índice RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) en función de los trabajadores formales registrados por el Ministerio de Trabajo, y otro 50 por ciento de la recaudación tributaria de ANSES.
El proyecto recibió dictamen favorable la semana pasada, durante una reunión de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda a la que asistieron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y la titular de ANSES, Fernanda Raverta, quien festejó en el recinto de la Cámara alta el resultado de la votación.
La iniciativa fue enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo y, a sugerencia del Frente de Todos, se le hicieron algunos cambios sustanciales para que, entre otros aspectos, los aumentos previsionales sean trimestrales, con lo cual habrá cuatro incrementos por año.
En el proyecto original, los cambios en la fórmula de movilidad se iban a producir cada seis meses.
La decisión se tomó para “empalmar” los meses de “enero, febrero y marzo”, que estaban “afuera” de la actualización, porque la fórmula del anterior Gobierno de Mauricio Macri se aprobó en diciembre de 2017, pero empezó a regir en marzo de 2018.
Además, la bancada oficialista impulsó que el incremento previsional del 5% otorgado recientemente no fuera a cuenta del aumento que se otorgará en marzo próximo, tal como estaba previsto originalmente.
De tal modo, ese aumento no será a cuenta del de marzo, sino que se sumará al nuevo incremento.
El proyecto de ley modifica el índice de movilidad jubilatoria, elaborado en base al trabajo de una comisión mixta, y comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.
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