En un año electoral, con la economía en recesión y un posible aumento del desempleo hacia principio del año, el Gobierno evitará llevar al Congreso la pelea por la reforma laboral, con la que no logró avanzar incluso después de la victoria en los comicios de medio término.
Sin embargo, no se resignan a generar cambios a la legislación y estudian la vía administrativa. Así se lo anticipó Dante Sica, ministro de Producción, a los industriales con los que se reunió el fin de semana pasado.
“Todavía es algo que hay que consensuar con los gremios”, advierten para poner paños fríos. En el sector privado ven con buenos ojos que se extienda la baja de cargas patronales que se acordó con los sectores sensibles (calzado, textiles) pero con una recesión más grave de lo esperado, el Ejecutivo tampoco tiene margen para resignar más recaudación.
La ley pyme alcanza algunas simplificaciones, así como el marco de empleo para las firmas más chicas, vigente desde el gobierno anterior.
Juicios laborales y esquemas de vinculación y desvinculación son los que se marcan como prioritarios, aunque en el último caso, los cambios deberían pasar por el Parlamento.
En el marco de las mesas sectoriales, también aspiran a seguir avanzando con acuerdos específicos, como el de Vaca Muerta o el de mecánicos automotores (Smata), siempre presentes como ejemplos de acuerdos con los trabajadores “que permiten la llegada de inversiones”. (Perfil)
