La variación de julio se situó por debajo de la inflación registrada en ese mes del 7,4%, mientras que la variación interanual fue del 68,7%, dos puntos porcentuales menos que el indicador de los precios minoristas del 71,0% en el mismo período.

Desde diciembre pasado los salarios del sector público y privado aumentaron un 41,8%, casi cinco puntos porcentuales por debajo de la inflación del 46,2%, en la misma comparación.

El aumento mensual de julio se debió a las subas de 5,4% en el sector privado registrado, 7,3% en el sector público y 3,0% en el sector privado no registrado.

La suba interanual de los salarios surgió del promedio de los aumentos del 68,7% en el sector privado registrado, 74,7% en el sector público y 58,9% en el sector privado no registrado.

Según las cifras, en los últimos doce meses los sueldos de los empleados públicos y los de la economía en negro, superan a la inflación, mientras que los del sector privado se ubica por debajo de ese indicador de precios.

El nivel de remuneraciones en el sector privado aumentó desde diciembre pasado un 43,2%, los del sector público un 45,1% y en el sector de trabajadores informales un 31,7%, todos por debajo de la inflación en ese período.

En este contexto, el Gobierno trabaja en el lanzamiento de un bono para los sectores más vulnerables de la sociedad ante la suba de precios que marca la coyuntura. “Está mas que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda. Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad”, dijo Cristina en su cuenta de Twitter.

A la vez que destacó: “El ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”.

La senadora nacional y titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, presentó un proyecto de ley de Refuerzo de Ingresos para reducir la indigencia “garantizando el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad”, que prevé un costo fiscal del 0,09% del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44% para el 2023. El proyecto también lleva la firma del jefe del interbloque FdT, el formoseño José Mayans.

La iniciativa crea una prestación monetaria mensual para las personas que están actualmente bajo la línea de indigencia debido a que no alcanzan la canasta básica alimentaria de un adulto, estipulada por INDEC en $15.057 al mes de junio de 2022. Es así que la asignación será equivalente al valor de dicha canasta, monto que según establece el proyecto podrá actualizarse de modo trimestral.