La ministra de Seguridad Patricia Bullrich destinó un millonario subsidio a los Bomberos Voluntarios de todo el país, entre los cuales se encuentran 268 cuarteles ubicados en la provincia de Buenos Aires.
Lo hizo a través de una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial y asciende a 11.679 millones de pesos que serán repartidos entre 1.050 entidades. Cada una de ellas recibirá 11.122.879 de pesos que deberán destinar para la compra de equipamiento, gastos de funcionamiento y capacitaciones.
Del total de cuarteles beneficiados, 268 corresponden al territorio bonaerense e, incluso, hay más de uno de un mismo distrito. Algunos de los municipios que aparecen en la lista son Bolívar, Bragado, 25 de Mayo, Chascomús, Chivilcoy, Pehuajó, 9 de Julio, Trenque Lauquen y Tres Arroyos, entre otros.
Dentro del listado figura también 30 de Agosto.
“Atento los desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias durante el último año y previstos para el presente, podría resultar necesario dotar a las entidades de bomberos más afectadas con equipamiento que les permita cubrir adecuadamente las emergencias propias de su jurisdicción, territorio provincial y/o interprovincial en que prestan servicios”, señala el texto de la resolución 94/2024 del Ministerio de Seguridad.
El beneficio, según la resolución, es contra la presentación del comprobante de la inversión que realicen las organizaciones “orientada para los fines con que los mismos han sido asignados”. La Secretaría de Articulación Federal, a través de la Dirección de Bomberos Voluntarios, se encuentra a cargo de la verificación.
“Las entidades de bomberos voluntarios beneficiarias del subsidio otorgado por la Ley Nacional Nº 25.054 deberán identificar todos los bienes inmuebles o móviles adquiridos por dicho subsidio, con la siguiente leyenda: ‘Subsidio Nacional Ley 25.054. Ministerio de Seguridad – Presidencia de la Nación’”, se detalló en el argumento de la resolución.
De acuerdo con la resolución, se priorizan las transferencias de las instituciones que hayan acreditado “en tiempo y forma” el cumplimiento de sus obligaciones, al tiempo que las transferencias iniciarán por las provincias con “menor cantidad de entidades”. (DIB)