El Gobierno denunció ante la Justicia de los Estados Unidos por “fraudulenta” la venta del 25 % de las acciones de la petrolera YPF concretada durante el Gobierno de Cristina Kirchner, en el marco del juicio iniciado por un fondo buitre que pretende cobrar US$ 3.000 millones por la “expropiación” de la principal compañía argentina, trascendió hoy.
El estudio que defiende a la Argentina denunció que la entonces jefa de Estado permitió la firma de “acuerdos falsos”, por lo que consideró que un fondo buitre “carece de derechos a cobrar indemnización alguna”.
El Gobierno sostuvo que la “compra del 25 %” de las acciones de YPF-Repsol por parte del Grupo Petersen en el 2008 se hizo “bajo un procedimiento fraudulento” y “sin poner un peso”. El escrito fue presentado el lunes por la noche ante la jueza de Nueva York Loretta Preska, confirmaron fuentes oficiales.
La presentación incluye la versión taquigráfica de un discurso del exministro de Economía y actual precandidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el cual sostiene que no se iban a “respetar los estatutos de YPF ante los reclamos de los accionistas”, y que es uno de los ejes del debate judicial.
Los abogados de la Argentina sentaron posición ante la audiencia de este jueves en que se verán, por primera vez, con los demandantes del fondo buitre Burford. Como suele hacer, ese fondo compró el “derecho de litigio” de las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora, creadas en España.
Voceros del grupo Petersen dijeron que el grupo “no tiene nada que ver con el juicio en Nueva York y aclararon que el derecho de litigio “lo vendió un síndico español a Burford”. En cuanto a la adquisición de las acciones en el 2008, los voceros de la empresa argentina aseguraron que “la compra fue aprobada por la bolsa de España y varios organismos internacionales”.
Si bien la disputa clave se ventila en Estados Unidos, en la Argentina el juez federal Ariel Lijo espera el resultado de un peritaje para decidir si esa compra de acciones del 2008 fue ilegal en una causa iniciada por una denuncia de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió. En la audiencia en Nueva York se espera que Burford pida el “juicio sumario”, con el argumento de que se trata de “cosa juzgada” y decidir la cuantificación de los daños y los montos a pagar por la Argentina.
El Gobierno argentino, en cambio, buscará ir ya a juicio para debatir el fondo del conflicto y por eso denunció la compra “fraudulenta”. En su ofensiva, el Gobierno pedirá el llamado proceso de “discovery”, lo cual le permitiría pedir información sobre quienes son los compradores del derecho de litigio y documentación de todo el proceso.
Además, buscará demostrar que “Petersen España, empresa ficticia formada y controlada por ciudadanos argentinos, hizo muy dudosos acuerdos que también eran evidentemente falsos para adquirir sus acciones de YPF”, al amparo del kirchnerismo.
Las empresas del grupo Petersen compraron en 2008 a Repsol 15 % de las acciones de la compañía y luego un 10 % adicional en 2011, por US$ 3.500 millones. Pero la Argentina sostiene que lo hicieron “sin desembolsar un centavo”, ya que se le permitía “hacer uso de los futuros dividendos de YPF para comprar sus propias acciones”, según el escrito presentado.
En 2012, el Gobierno de Cristina Kirchner estatizó el 51 % de YPF que estaba en manos de Repsol. Dos empresas del grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, eran dueños de otro 25 % de YPF.
Estas dos compañías fueron a la quiebra en 2015 y los derechos de litigio contra el Estado argentino fueron adquiridos por el fondo buitre Burford por solo US$ 15 millones. Ahora, ese fondo podría multiplicar por 200 sus ganancias, si la Justicia norteamericana le da la razón.
