El proyecto de emergencia económica que sustentará el programa de Gobierno nacional va camino a ser ley. La Cámara de Diputados le dio media sanción en general y durante la mañana continuarán con los tratamientos en particular de los puntos más polémicos: retenciones y jubilaciones. Las negociaciones se extendieron a lo largo de toda la madrugada. Así lo publica el diario digital Infobae.
Bajo el lema de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno logró aprobar el megapaquete de las nueve emergencias, de las que se hará cargo el Poder Ejecutivo: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
La primera etapa del programa económico de Alberto Fernández comienza a salir a la luz. Desde el Frente de Todos resaltaron la magnitud del proyecto, que abarca tanto el contexto interno de “tierra arrasada” como el externo con los compromisos de deuda que afronta el Estado. Según remarcaron, el nuevo esquema implica que las clases más pudientes y medias respalden a los sectores más vulnerables.
“Sin el apoyo del frente externo, las emergencias no se podrían haber tratado”, resaltó un diputado del Frente de Todos, haciendo hincapié en que el Fondo Monetario Internacional comprendió el pedido público de Alberto Fernández y respaldó la iniciativa: Argentina pagará la deuda, pero para eso necesita crecer.
La maratónica sesión comenzó minutos antes de las tres de la tarde del jueves, cuando terminaron de jurar los 23 nuevos diputados en reemplazo de los que tomaron cargos ejecutivos en Ministerios y Secretarías. Pese al pedido de Sergio Massa para que los legisladores permanezcan en sus bancas y así dar inicio a la sesión especial, Juntos por el Cambio se levantó manteniendo su postura de no dar quórum. De todas formas, el Frente de Todos ya lo había conseguido gracias al apoyo del peronismo federal. Desde el oficialismo calificaron la actitud de buscar trabar el quórum como “antiética”. Por su lado, la oposición justificó que se necesitaba tiempo para debatir leyes de tal magnitud.
En paralelo, Alberto Fernández, atento a cada detalle de la negociación que estaban llevando a cabo Máximo Kirchner y Massa con Graciela Camaño y Eduardo “Bali” Bucca, sugirió -en una serie de tuits- “incorporar un artículo que disponga que el Poder Ejecutivo Nacional deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativistas”. Un gesto para el agro. Además avisó que con los 131 legisladores que ya habían dado el quórum “contamos con los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley en su actual versión, pero queremos construir confianza entre todos y todas, y que nadie dude de nuestros propósitos sinceros. Unidos en el debate pondremos de pie a la Argentina”.
En definitiva, el acuerdo entre el Gobierno, el peronismo que responde a Camaño y Bucca, y Unión para el Desarrollo Federal -conducido por el mendocino José Ramón-, se basó en garantizar el quórum a cambio de modificaciones en los puntos más polémicos del proyecto: retenciones y jubilaciones. Los mismos tendrían el visto bueno del referente de Consenso Federal, Roberto Lavagna.
En apoyo al sector agropeacuario, que manifestó su rechazo contundente al aumento del 33% en las exportaciones a la soja, el PJ federal no daba el brazo a torcer exigiendo la segmentación del esquema de retenciones para pequeños y medianos productores. En tanto, en el dictamen se incluyó que las alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrán superar el 8% del valor imponible o del precio oficial.
Además, se detalló que el 67% del valor incremental de los derechos de exportación previstos en esta ley será destinado al financiamiento de los programas a cargo de la ANSES y las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Por otra parte, el 3% se destinará a la creación de un fondo solidario de competitividad agroindustrial “para estimular la actividad de pequeños y medianos productores, y cooperativas a través de créditos para la producción, innovación, agregado del valor y costos logísticos”. Dicho fondo será administrado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
En tanto, sobre el punto de jubilaciones, el Gobierno dio marcha atrás con la suspensión de la movilidad jubilatoria para docentes, universitarios y científicos. En medio de la discusión, se estudiaba la posibilidad de incluir un apartado en el que se destacara que, mientras el Ejecutivo resuelve dentro del plazo de 180 días la nueva fórmula de actualización, la misma no podría estar por debajo de la inflación. Más allá de los bonos de cinco mil pesos dispuestos para diciembre y enero, será el Gobierno el que establezca los próximos aumentos para los jubilados por decreto. La fórmula que resuelvan implementar recién empezaría a regir a partir de la segunda mitad de 2020.
A partir de las 14 está previsto que sesione el Senado, donde el proyecto deberá ser habilitado sobre tablas con dos tercios de los presentes. La oposición adelantó que dará el quórum para su tratamiento. De no mediar imprevistos, al término de la jornada restará que Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica, reglamente la medida.
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