Casi exactamente 135 años después del final de la Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que Bolivia perdió su acceso al mar, la Corte Internacionalde Justicia (CIJ) de la ONU decidirá este lunes si Chile, el país que ganó esa contienda, debe entablar negociaciones con Bolivia para que ésta recupere su salida al océano.
“Tenemos mucha esperanza y mucha fe porque nuestra demanda se funda en base a la verdad, al derecho y por una justicia. Será un fallo esperado y es una esperanza para resolver temas pendientes con Chile”, manifestó el presidente boliviano Evo Morales, considerado en su país un artífice de la demanda interpuesta contra Chile en 2013, y que se encuentra en la ciudad de La Haya para espera el veredicto.
“A partir del 1° de octubre habrá una nueva historia para Bolivia y Chile, serán las nuevas relaciones diplomáticas, para que los acuerdos se cumplan”, anticipó el mandatario.
Aquel conflicto bélico, que dejó miles de muertos, es conocido también como “la Guerra del Salitre” porque el control sobre los yacimientos de ese nitrato jugó un importante papel. Bolivia, aliada con el Perú, perdió en ese entonces una costa marítima de unos 400 kilómetros de longitud y el departamento de Litoral. Ese territorio de 120.000 kilómetros cuadrados incluía al desierto de Atacama, el más árido del planeta.
Bolivia perdió su principal acceso al mar al comienzo de la guerra, el 14 de febrero de 1879, hace ahora 139 años, tras la toma chilena del entonces puerto boliviano de Antofagasta.
A lo largo de los años, sucesivos gobiernos de Bolivia -junto con Paraguay el único país de América Latina sin litoral marítimo- han exigido, hasta ahora sin éxito, negociaciones a sus pares chilenos para lograr una salida libre a la costa.
Finalmente, el 24 de abril de 2013 el Gobierno de La Paz interpuso ante la CIJ, el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, una demanda para que se obligue a Santiago a “negociar de buena fe y de forma efectiva a fin de llegar a un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso pleno y soberano al Océano Pacífico”.
Chile objetó entonces la competencia del tribunal de la ONU. Sin embargo, el 24 de septiembre de 2015 la Corte se declaró competente en el caso y pidió que el proceso continúe con la presentación de fundamentos escritos por parte de Chile. Los equipos jurídicos de ambos países presentaron en marzo pasado los alegatos finales del litigio.
“No hay, ni hubo nunca, una obligación jurídica que fuerce a Chile a negociar una salida soberana al mar con Bolivia”, sostuvo en esa oportunidad Claudio Grossman, el agente chileno ante la CIJ. Su país considera que el Tratado de Paz y Amistad firmado en 1904 entre ambos estados para poner fin al estado de guerra que seguía existiendo entre ellos estableció de forma definitiva y a perpetuidad las fronteras de los dos naciones.
Aquel tratado establecía, entre otros, la obligación de Chile de construir un ferrocarril entre Arica y La Paz (hoy inexistente) así como la concesión de créditos y de derechos de libre tránsito de productos bolivianos a puertos del Pacífico chileno.
“Más de 20 años después de finalizadas las hostilidades, Chile y Bolivia, en forma libre y voluntaria, firmaron un tratado, hoy plenamente vigente”, señaló recientemente también el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera.
Mientras que Chile afirma que Bolivia tiene “autonomía aduanera, preferencias tarifarias, facilidades de almacenamiento, exenciones tributarias y libre desplazamiento por las rutas de conexión con los puertos”, el Gobierno boliviano considera que el Tratado de 1904 fue impuesto e incumplido en los últimos años por constantes paros aduaneros en Chile.
Por otra parte, el comercio entre ambos países favorece a Chile porque Bolivia importó productos del vecino país por 3.969 millones de dólares entre 2007 y 2017, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), un ente privado. En cambio, las exportaciones bolivianas a Chile llegaron a 1.190 millones, lo que arroja un saldo negativo de la balanza comercial de Bolivia de 2.779 millones de dólares.
Debido al centenario litigio, los dos países mantienen sus relaciones diplomáticas suspendidas a nivel de embajadores desde el 18 de marzo de 1978. En aquel entonces fracasaron las negociaciones de los dictadores Hugo Banzer y Augusto Pinochet para intentar darle una salida definitiva al conflicto.
Este domingo, los episcopados de Chile y Bolivia llamaron a acatar el fallo. En una declaración conjunta, los obispos recalcaron que “somos dos pueblos hermanos, unidos por la fe y por la experiencia de comunión, de fraternidad y solidaridad que caracterizan nuestras relaciones mutuas y las de nuestras Iglesias”. En Bolivia, habrá actos masivos en espera del veredicto.
Al margen de la pugna político-jurídica entre Santiago y La Paz, cada año crece el número de bolivianos que residen en Chile, sobre todo en el norte. El Ministerio chileno del Interior, con datos de los últimos censos en el vecino país, informó que la comunidad boliviana creció de 36.036 a 111.011 personas en el período 2014-2017.
Clarín
