El juez Pablo Pullen Llermanos ordenó el martes trasladar a Milagro Sala al Complejo Penitenciario Federal General Martín Güemes, ubicado en la provincia de Salta, según le confirmó el propio magistrado a TN. La medida se cumplió a la noche.
La líder de la Tupac Amaru está detenida desde el 16 de enero de 2016 por varias causas en su contra. En un primer momento estuvo alojada en la Cárcel de Mujeres de Alto Comedero, pero luego recibió el beneficio de la prisión domiciliaria en su casa de El Carmen.
El abogado de Sala, Luis Hernán Paz, presentará un hábeas corpus al considerar que la resolución del juez Pullen Llermanos contradice el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de noviembre a la Argentina para que Sala goce de la “alternativa de arresto domiciliario”. Ese planteo de la CIDH fue ratificado en diciembre por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sala estuvo presa en Alto Comedero, luego en su casa de El Carmen y desde esta noche, en General Güemes. Desde allí, los días 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 28, 29 y 30 de agosto y 4, 5 y 6 de septiembre deberá ser trasladada 70 kilómetros hasta el Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy para presenciar las audiencias en el juicio en su contra por el desvío de fondos de viviendas sociales conocida como “Pibes Villeros”.
El primer día de ese juicio terminó en escándalo. Sala gritó ni bien entró: “Estos jueces son corruptos, no rindieron nada, están flojos de papeles. Prefiero que Gerardo Morales tenga huevos para que él mismo me baje el martillo en vez de sus inferiores que no pasaron el examen”. Entonces, la presidenta del tribunal, María Alejandra Tolaba, le ordenó a la Policía sacarla del lugar.
La líder de la Tupac Amaru aseguró que esa jueza no aprobó el concurso para ocupar la presidencia del tribunal. Tolaba, Ana Carolina Pérez Rojas y Claudia Cecilia Sadir deberán decidir si la acusada desvió fondos de la construcción de viviendas sociales.
El Tribunal tiene una prueba contundente contra la Tupac Amaru: un video, revelado por Telenoche, que mostró cómo el 9 de diciembre de 2015 -un día antes del cambio de Presidente y Gobernador- varias personas allegadas a la organización social retiraron $ 14 millones en efectivo de la sucursal del Banco Nación en Jujuy que, según la acusación, no llegaron a las viviendas sociales.
TN/Infobae
