El Juzgado Contencioso Administrativo 4 de La Plata confirmó que la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) liquidó de manera correcta el impuesto inmobiliario rural, y de esta manera, rechazó la medida cautelar de un productor agropecuario, quien reclamó por el elevado incremento del tributo.
En ese sentido, la medida judicial se da en medio de las críticas de los legisladores bonaerenses de la oposición y de varias entidades del campo por el “brutal” incremento en los impuestos patrimoniales, en el que afirman que superaron ampliamente lo contemplado en la Ley Impositiva 2024.
En detalle, el Juzgado Contencioso de la capital provincial, a cargo de la jueza María Ventura Martínez, desestimó el pedido de cautelar que había presentado el productor agropecuario de La Plata, Raúl Alberto Remorini, quién había reclamado pagar a ARBA un monto menor del inmobiliario rural, con el argumento de que estuvo mal liquidado.
En sus argumentos, la magistrada dictaminó que la entidad recaudatoria presidida por Cristian Girard “liquidó correctamente” el impuesto inmobiliario rural, al considerar que este año no está vigente el descuento del 20% por buen contribuyente, como así tampoco el límite de imposición de tope del 3% de la valuación fiscal de la propiedad rural alcanzada.
Cabe destacar que, el Juzgado Contencioso Administrativo 4 de La Plata también rechazó esta semana un pedido presentado por un grupo de 33 vecinos de barrios privados y countries de la capital bonaerense para declarar inconstitucional la suba del impuesto inmobiliario. Los peticionantes pedían pagar lo mismo que 2023.
Cabe destacar que, la Mesa de Enlace bonaerense mantuvieron a fines de abril una serie de reuniones con casi todos bloques de diputados y senadores provinciales, en donde reclamaron revertir el incremento del impuesto inmobiliario rural, puesto que afirmaron que “superó ampliamente” el tope del 200% que impuso la oposición durante las negociaciones por la Ley Impositiva 2024.
En rigor, los referentes agropecuarios habían solicitado derogar el artículo 137 de la Ley Impositiva 2024, que contempla la posibilidad de realizar la actualización de las cuotas 2, 3 y 4, igual situación con el artículo 139 que incluye una cuota adicional del inmobiliario rural para aquellos contribuyentes con base imponible superiores a $39.096.756 y “atenuar y limitar el aumento del impuesto sobre las bases imponibles más altas que no superen el 220%”.
Asimismo, la Mesa de Enlace bonaerense instó a los legisladores de las distintas bancadas políticas aquitar la delegación de facultades al Ejecutivo que le permitió eliminar los beneficios por buen contribuyente y débito automático y sugirió “establecer por ley el descuento de 15% y el 5% adicional por pago electrónico”, respectivamente.
En respuesta, el gobierno de Axel Kicillof decidió no actualizar el valor de la segunda cuota del impuesto inmobiliario rural (vence en junio), como así también establecer una línea de crédito para la siembra de trigo y otra para la compra de maquinaria.
“Decidimos no actualizar la segunda cuota del inmobiliario rural, manteniendo el mismo valor que la precedente. De esta manera, no se aplica en esta segunda cuota la actualización que habilita la ley impositiva, con el objetivo de acompañar el esfuerzo de las y los productores, en particular, de los medianos y pequeños”, precisaron desde Gobernación.
De esta manera, con la decisión de congelar la segunda cuota del tributo, no se aplicaría el incremento en torno del 20%, producto del coeficiente de actualización vinculado a la tasa pasiva del Banco Provincia. “Ese coeficiente no lo van a aplicar, pero es una medida insuficiente”, expresaron los ruralistas.