La Suprema Corte bonaerense dictó una medida cautelar tras una presentación hecha por la Asociación Bancaria y suspendió varios artículos de la ley 15.008 (norma que modificó el régimen previsional del Banco Provincia) sobre “filiados pasivos”, por lo que todas las jubilaciones de la entidad volverán a su cálculo anterior.
La medida es en el marco del conflicto judicial por la reforma del Bapro aprobada en 2017, durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Vale recordar que esa norma dispuso que la edad jubilatoria para todos los trabajadores del Bapro pasara de 60 a 65 años de forma escalonada y que bajara el porcentaje por el que se calculaba el monto para estos (del 82% al 70%).
En el marco de la disputa judicial, ahora la Corte decidió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Asociación Bancaria. El fallo dispone que “a partir del 1 de junio de 2023 y hasta la fecha que se determine en la sentencia definitiva, la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires suspenda la aplicación de los arts. 39, 41 y 42 de la ley 15.008 en relación a sus a filiados pasivos que no hubiesen sido beneficiados por una medida precautoria previa al dictado de la presente resolución”.
La medida cautelar de la Suprema Corte provincial contempla a quienes “hubieran accedido al beneficio al amparo de las leyes 5.678, 11.322, 11.761 o 13.364”.
Según le explicaron a DIB desde la Bancaria, de esta manera el cálculo de jubilaciones volverá al 82% para todos los jubilados y pensionados de Banco. En tanto, el artículo 23 de la 15.008 (sobre la edad jubilatoria) no fue suspendido por la cautelar, a pesar de que el sindicato lo solicitó.
La sentencia también restablece el inciso j del artículo 21 de la ley 13.364 que determina que parte del financiamiento de la Caja jubilatoria será a partir de “los recursos que anualmente se asignen en la respectiva Ley de presupuesto provincial” teniendo en cuenta “el déficit de ingresos y egresos”.
La cautelar exhorta además a la Legislatura “a comprometer sus esfuerzos a fin de alcanzar los acuerdos necesarios para arribar en el año parlamentario en curso a una solución legislativa sustentable y compatible con el ordenamiento constitucional, conforme a los principios de la presente”.
DIB
