El Gobierno nacional anunció ayer que otorgará bonos extraordinarios de $ 18.000 a trabajadores informales, monotributistas de categorías A y B y trabajadores de casas particulares de entre 18 y 65 años, y otra ayuda de $ 12.000 a jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos.
Se trata de un paquete de medidas para cuidar los ingresos de estos sectores en circunstancias excepcionales de aceleración del proceso inflacionario que afecta al mundo en general, y a la Argentina en particular, con un mayor aumento en los alimentos y la energía a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania
“Estas medidas buscan preservar el poder adquisitivo de los ingresos y garantizar un rumbo de equidad económica y social”, anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un acto celebrado en el Salón Blanco de la Casa Rosada, encabezado por el presidente Alberto Fernández.
El bono de $ 18.000 se dará en dos cuotas, en mayo y junio, mientras que el $ 12.000 para los jubilados y pensionados será en una única cuota en mayo, que se sumará al bono de $ 6.000 que se está pagando a los que perciben hasta un haber mínimo ($32.630).
De esta forma, se pagarán dos bonos de 9.000 pesos en mayo y junio a trabajadores sin ingresos formales, trabajadoras de casas particulares y monotributistas de las categorías A y B.
Según explicó el ministro, el refuerzo de ingresos para los trabajadores de entre 18 y 65 años será para “aquellos que requieren de la protección del Estado”, por lo que “habrá criterios en términos del patrimonio que terminará de definir el conjunto de la población que se beneficio de este tipo de ingresos”.
En el caso del bono de $12.000 para jubilados y pensionados, el pago se hará en una única cuota para aquellos que reciban un haber de hasta $ 65.260 que, sumado al bono que están percibiendo los jubilados de la mínima, totalizará también $18.000.
Además, Guzmán anunció que el Gobierno enviara en las próximas semanas un proyecto de ley al Congreso para gravar la “renta inesperada producto de la guerra”, que plantea una alícuota sobre el componente de esa utilidad que se enfoca en un conjunto de empresas con ganancias netas imponibles altas superiores a los 1.000 millones de pesos, que en 2021 fue de solo el 3,2% de las empresas.
Los criterios para la imposición de la alícuota incluyen que la ganancia neta imponible real tiene que haber crecido en forma significativa en 2022 respecto a 2021 y, además, se incluirá un parámetro para que si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión productiva, la alícuota será menor, señaló el ministro durante el anuncio junto al presidente Alberto Fernández en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
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