A partir de un decreto de Macri, quedarán sin efecto los convenios de asistencia técnica, que se expandieron durante el kirchnerismo para favorecer contrataciones.
El Gobierno limitará y modificará los contratos de personal, bienes y servicios para el Estado a través de universidades públicas, una modalidad hiperextendida durante el kirchnerismo que sobrevivió -aunque más acotada- durante la gestión de Mauricio Macri .
El primer paso lo dio la Casa Rosada ayer, con uno de los artículos de un megadecreto de reducción de gastos, que determinó que quedarán sin efecto los llamados “convenios de asistencia técnica” con universidades, una modalidad que permitió sumar hasta a 17.000 empleados públicos hacia el final de la gestión de Cristina Kirchner .
Como segundo paso, la gestión de Cambiemos prepara una nueva normativa para que las universidades brinden al Estado servicios acordes con su materia, bajo controles más estrictos. Ya no podrán ser proveedoras de bienes y, mucho menos, de obras públicas.
En el mejor de los casos, permitió eludir procedimientos burocráticos. Pero también llevó a que miles de empleados sean sumados a la administración pública con contratos precarios, aunque trabajaban como sus colegas de planta permanente.
En el otro extremo, estos convenios permitieron triangular fondos millonarios para eludir las compulsas de precios de las licitaciones y omitir el radar de los organismos de control. La usina de carbón de Río Turbio, por caso, terminó como un símbolo de corrupción kirchnerista y llevó al exministro de Planificación Julio De Vido a la cárcel. En ese caso, la Justicia determinó que existió un desvío de más de $265 millones. El proyecto se financió mediante un acuerdo con la UTN y la Fundación Facultad Regional Santa Cruz. Las obras quedaron inconclusas y la central térmica nunca se inauguró.
Nueva normativa
El decreto 632/2018, publicado ayer, en su tercer artículo, determinó que “los convenios de servicios de asistencia técnica celebrados entre el Poder Ejecutivo y las universidades nacionales, provinciales o privadas quedarán sin efecto a partir del 1º de enero de 2019”. Y que no se celebrarán nuevos contratos bajo esta modalidad.
Según fuentes oficiales, actualmente hay unos 60 convenios de asistencia técnica, que se traducen en 5800 empleados públicos contratados vía universidades. ¿Qué pasará con ellos? “La mayoría va a quedar en la función pública, pero con otra modalidad de contratación, más estable. Cada área determinará si corresponde o no sostener ese puesto”, señalaron ayer en el Ministerio de Modernización, la cartera encargada de elaborar la letra chica de la nueva normativa. Cuando Cambiemos asumió el gobierno, los trabajadores del Estado contratados vía casas de estudios ascendían a 17.000. A la mayoría no se le renovó el convenio.
En los próximos días, según señalaron en la Casa Rosada a LA NACION, se publicará el nuevo régimen de contratos interadministrativos para acotar el rol de universidades como proveedoras de servicios. Esta nueva normativa fue largamente debatida en una mesa integrada por el vicejefe de Gabinete Mario Quintana; el secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, y los ministerios de Modernización y de Educación.
Según pudo conocer LA NACION, la reglamentación estipulará que las universidades deberán limitarse a servicios de “consultoría, auditoría, investigación, relevamiento de políticas públicas y capacitación y formación”. Ya no podrán proveer otros bienes o servicios ni ser contratadas para hacer obras públicas.
Las contrataciones, en tanto, se harán a través de la plataforma Compr.ar, dispuesta por el Ministerio de Modernización para que haya una compulsa de precios.
“El nuevo régimen de contrataciones devuelve el vínculo virtuoso y de colaboración que debe tener el Estado con las universidades, impidiendo los abusos que durante el kirchnerismo permitieron vulnerar las leyes de compras y contrataciones”, resaltó Sánchez.
La nueva normativa, en tanto, prohibirá la “cesión, tercerización o subcontratación del objeto del convenio a un tercero”. Ello refiere a la modalidad por la cual las universidades depositaban dinero a nombre de una fundación o asociación civil, una maniobra que permitía evitar los organismos de control.
Se espera, en tanto, que la Sigen supervise la ejecución de los fondos transferidos, la rendición de cuentas y el cumplimiento de los objetivos de los convenios. Todo contrato nuevo con universidades, además, deberá tener el visto bueno de la Jefatura de Gabinete.
Fuente: La Nación
