La ley 27.610 entró oficialmente en vigencia este domingo y la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación debe garantizarse en todos los centros de salud del país. En Provincia de Buenos Aires, uno de los territorios más complejos para su aplicación, por lo amplio y heterogéneo, lanzaron una guía para implementarla. Además, empezarán a capacitar a los profesionales de la salud. El foco, según cuentan, está puesto en el primer nivel de atención, los hospitales municipales y los prestadores de IOMA.
“Nuestra idea es que la atención que reciban las mujeres o personas gestantes no dependa del municipio en el que vivan. Buscamos generar equidad en la asistencia”, le dice a Clarín Sabrina Balaña, directora provincial de Equidad de Género. Con ese objetivo presentaron una guía de aplicación para la IVE y planean formar a los profesionales de las 12 regiones sanitarias.
Según Balaña, desde que la provincia de Buenos Aires adhirió a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) -que incluía tres causales por las que el aborto ya estaba autorizado antes de la ley 27.610- empezaron a capacitar al personal de salud en la aplicación de esta práctica.
“En ese momento, nos encontramos con desconocimiento y miedo a tener problemas judiciales entre los trabajadores de la salud. Ese protocolo, acompañado de un espacio de formación, ayudó a empezar a modificar esta realidad para el uso de la ILE. Ahora, con la guía y las nuevas capacitaciones, la intención es allanar el camino para implementar la IVE”, explica Balaña.
Dice que más del 80% de los hospitales provinciales ya aplicaban la ILE por lo que están preparados para la interrupción voluntaria. Hoy, la prioridad serán las salitas (son cerca de 2.000) y los prestadores de IOMA, donde aún queda bastante por hacer.
“Muchas mujeres solo acceden al primer nivel de atención por lo que es clave que en las salitas cuenten con la información necesaria y la indicación del misoprostol, cuando así lo requieran”, sostiene. Y agrega: “Formar a los profesionales que trabajan para IOMA es la manera que encontramos de llegar a gran cantidad de clínicas de la Provincia, son prestadores en 282 sanatorios”.
Las capacitaciones se realizarán por etapas. “Vamos a preparar un equipo de formadores para cada región sanitaria y un grupo adicional para IOMA. Serán seis semanas intensivas a partir de marzo. Después, se van a tener en cuenta las características de cada zona para planificar las actividades”, precisa Carlota Ramírez, directora bonaerense de Salud Sexual y Reproductiva.
“El 88% de las mujeres que llegan al sistema de salud con la intención de interrumpir su embarazo lo hacen antes de las 12 semanas. Hasta ese momento, el aborto puede ser medicamentoso e implica menos riesgos. Por esto, es fundamental la capacitación al personal de atención primaria, es decir, a los médicos y enfermeros que trabajan en los barrios y que, en bastantes ocasiones, tienen el primer contacto con la mujer o incluso el único”, resalta Ramírez.
A la mujer hay que ofrecerle una consejería. Según detalla Ramírez, deben escucharla, contarle sus opciones y explicarle en qué se basa la práctica.
“El profesional de la salud realizará una evaluación clínica, determinará las semanas de gestación y también tendrá que ocuparse del seguimiento luego del aborto. Otro detalle relevante es ayudarla en relación a la anticoncepción para después de la IVE”, advierte la referente provincial. Y cuenta que también están iniciando una campaña para los varones de “vasectomías sin bisturí”, pensando en la posibilidad de que la carga de la anticoncepción no quede solo en la mujer.
La propuesta de métodos para evitar un embarazo no deseado destinada a los hombres suele llegar el día que acompañan a sus parejas a parir. “Esa es la oportunidad que encontramos, porque los varones se acercan al hospital cuando está por nacer su hijo o hija, pero no lo hacen en el contexto de interrupción del embarazo: en general, las mujeres van solas a abortar”, suma Ramírez.
Señala que “la provincia es muy grande y diversa”. “Tenemos zonas urbanas y rurales, lugares más conservadores, comunidades originarias por lo que parte del trabajo también va a estar en supervisar la implementación”, destaca.
Hay un 0800 de Salud Sexual, que depende del Gobierno nacional, en el que se puede pedir asistencia y avisar en caso de no recibir la atención correspondiente. “Todos los días nos llega un reporte con los llamados que se hicieron a esa línea vinculados a la Provincia. Solo se pide un nombre de pila y un teléfono. Eso nos ayuda a empezar a analizar lo que pasa en cada comuna: para saber dónde están teniendo problemas e intervenir. Además, llamamos a cada una de esas mujeres que se contactan al 0800 para resolver sus situaciones”, aporta.
“La ley da 10 días para garantizar el aborto, vamos a tener que estar atentas a este tema porque a veces demoramos más. Seguramente, lleve un tiempo que los equipos se adapten”, reconoce Ramírez.
Para Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, el monitoreo de Nación sobre algunas provincias y de la provincia de Buenos Aires sobre algunos municipios que se declararon celestes va a ser fundamental. También las capacitaciones.
“Nos vamos a encontrar con las dos situaciones: profesionales sin suficiente información y otros que, por estar en contra de la ley, no van a acompañar como deberían. El objetivo de la ley es igualar, la idea es que pueda aplicarse de la misma manera en grandes ciudades y pueblos pequeños, que no dependa de la postura de un intendente o un gobernador”, sostiene Belski.
La objeción de conciencia también será un tema a considerar. “La ley no contempla la objeción de conciencia institucional. Habla de los profesionales y asegura que los objetores tienen la obligación de derivar a la mujer para que pueda acceder a la práctica. Hay que ver cómo se va a tratar esta cuestión, por ejemplo, en las instituciones religiosas. Ya había problemas con la ILE así que entendemos que el Estado debe prestar atención a esto”; remarca.
Y dice que, a su vez, serán necesarias otras acciones como reforzar la ESI (Educación Sexual Integral), realizar campañas de difusión sobre la IVE y ocuparse de la defensa ante eventuales obstrucciones judiciales.
