Comparto plenamente la necesidad de llevar adelante una reforma judicial consensuada entre todos y que se proyecte en el tiempo. Nuestra historia ha estado signada de influencias o convalidaciones de la justicia donde no se respetaron las garantías constitucionales o el Estado de Derecho.
Vale reproducir lo expresado por el presidente Alberto Fernández: La legitimación al golpe contra Hipólito Yrigoyen, el desprecio por la Constitución durante la última dictadura militar, las designaciones de Raúl Alfonsín en la Corte y el Juicio a las Juntas, la “mayoría automática” menemista, las limitaciones de las facultades para nombrar jueces en el gobierno de Néstor Kirchner, la sanción del nuevo Código Procesal Penal de Cristina Fernández que fuera suspendido por decreto por Mauricio Macri o el uso de la prisión preventiva como pena anticipada.
Nadie ignora que la politización del fuero, así como el manejo de causas de acuerdo a los giros políticos -entre otros motivos-, se ha debido a la concentración de poder en un pequeño número de magistrados. Rescatando como importante que el proyecto tiene una clara mirada federalista.
Independientemente de actuales discusiones políticas o de funcionarios que se encuentran incriminados por determinados delitos, existe unanimidad de criterios en terminar con la manipulación judicial y la utilización política de la Justicia impidiendo el nombramiento de jueces amigos o dependientes de otros poderes.
Es necesario también una reforma que evite las dilaciones en el tiempo de las causas judiciales, que los políticos impidan la resolución de sus causas mientras están en el poder o la construcción de causas falsas que entorpecen el sistema judicial y la credibilidad.
“Comparto plenamente la necesidad de llevar adelante una reforma judicial consensuada entre todos y que se proyecte en el tiempo. Nuestra historia ha estado signada de influencias o convalidaciones de la justicia donde no se respetaron las garantías constitucionales o el Estado de Derecho”.
El proyecto propone entre otras reformas la creación de un nuevo Fuero Penal Federal; un mayor número de juzgados; un nuevo Sistema Acusatorio; el fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal, con una mirada en las creación por las zonas donde más se propagan delitos; evitar cuestiones de competencia que son costosas al Estado; optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia; repensar el alcance del recurso extraordinario; mejorar el trabajo del Consejo de la Magistratura; instaurar el juicio por jurados y la creación de un sistema de subrogancias transparente hasta tanto se designen los cargos, que solo podrán durar un año, con un plus de un semestre. No menos importante son las nuevas pautas de actuación de los jueces federales, sancionando cualquier comportamiento que constituya causal grave de mal desempeño.
Una reforma consensuada y transparente
Como medida de seriedad y transparencia, se ha dispuesto la creación de un Concejo de la Administración de Justicia integrado por personalidades del mundo académico y judicial para evaluar e impulsar las transformaciones jurídicas. Y como garantía de este trabajo, cada uno de los proyectos que proponga este Consejo serán enviados a consideración del Congreso de la Nación. Esto da garantía de discusión y aportes de todas las voces políticas, pero fundamentalmente de transparencia.
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