Ginés González García anunció la puesta en vigencia del protocolo para los casos de aborto no punible

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, presentó la actualización 2019 del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), con el fin de ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino vigente. El mismo se basa en la mejor evidencia científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales.

“Esta actualización tiene dos razones centrales, una es introducir las modificaciones que ocurren en la legislación de nuestro país, claramente en el Código Civil y Comercial de 2015 donde se incorporaron derechos que no estaban incluidos en el protocolo de 2015 y por otro lado porque la evolución del conocimiento hace que se modifiquen las cuestiones científicas como por ejemplo la medicación que se utiliza para estas prácticas de acuerdo a cánones internacionales”, explicó el titular de la cartera sanitaria durante la conferencia de prensa que brindó en Casa Rosada junto a los equipos técnicos que trabajaron en la nueva versión del protocolo ILE.

El ministro, quien reconoció el trabajo continuo del Ministerio en esta materia y de todas las organizaciones sociales que visibilizan desde hace años esta problemática sanitaria, enfatizó que “lo que pretendemos es que el protocolo sea lo que es, una guía como hoy se utiliza en la medicina moderna para tratar cualquier tipo de patología, y mucho más alguna que está muy protegida por la ley, como es en este caso de la interrupción legal del embarazo”.

“Esta guía de procedimientos, además de sistematizar una práctica para que en cualquier lugar de la Argentina se cumpla la ley de igual manera y con igualdad de derechos para todos los habitantes de nuestro país, también sirve como respaldo para todos los profesionales que están cumpliendo correctamente con la ley”, agregó el funcionario.

Al referirse a la aplicación del protocolo en todo el territorio nacional, González García recordó que “nuestro país es federal y mucho depende de la decisión de las provincias”, al tiempo que agregó que “confío en que mayoritariamente se adhieran, ya que hay muchas que ya lo han hecho, pero lamentablemente algunas provincias grandes aún no lo aprobaron, pero iniciaremos un camino que es la aplicación de la ley y creemos que aunque haya algunos cuestionamientos de organizaciones antiderechos, claramente lo que estamos haciendo es dar un instrumento necesario para que se cumpla, no solo con la ley, sino con los derechos de las personas”, sostuvo el ministro.

Con respecto a la objeción de conciencia, Ginés González García indicó que “no puede ser una coartada para que no se cumpla con la ley, si bien se respeta la objeción de conciencia individual uno no puede quedarse sin respuesta institucional. Nosotros no queremos que esto se convierta en un combate, esto es cómo se ejercita un derecho”, aclaró.

Previamente al anuncio oficial, el ministro de Salud de la Nación y parte de su gabinete, mantuvo una reunión con la flamante titular del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; representantes de organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito.

Nueva edición del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la ILE

El documento, que entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, es una herramienta técnica que detalla los derechos de las personas y responsabilidades del sistema de salud ante estos casos; además incluye el abordaje de debe llevar el equipo de salud; una pormenorizada descripción del procedimiento para realizar la interrupción del embarazo; y la anticoncepción post interrupción del embarazo.

Desde el punto de vista clínico, la edición 2019 del protocolo incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo –dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)– y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral, reforzando la necesidad de resolución en el primer nivel de atención y en los tratamientos con medicamentos.

El acceso a la interrupción legal del embarazo está garantizado en el marco jurídico argentino por la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos que se incorporaron en su reforma de 1994, así como en las recomendaciones de sus Comités de Seguimiento que se han ido emitiendo.

También, por el Código Penal de la Nación de 1921 y por el Código Civil y Comercial de la Nación reformado en el año 2015. El Fallo F.A.L / Medida Autosatisfactiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012 orienta claramente el accionar de los equipos de salud y establece estándares para el acceso a la interrupción del embarazo. A su vez, la Organización Mundial de la Salud, máximo organismo rector de política sanitaria a nivel global, actualiza periódicamente la guía de atención del aborto, estableciendo los mejores estándares clínicos y recomendaciones para su atención.

Las cifras del aborto en Argentina

En la Argentina, la muerte por embarazo terminado en aborto está entre las primeras causas de muerte materna. En el 2017, las muertes por embarazos terminados en abortos representaron el 14,85% del total de muertes maternas. Sólo en 2017 murieron 30 mujeres a causa de embarazos terminados en aborto.

Se estima que en nuestro país se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año –dado que esta práctica es mayormente clandestina–, no se dispone de datos precisos.

La única información oficial disponible al respecto es el número de hospitalizaciones producidas en los establecimientos públicos por complicaciones relacionadas con abortos.

Según datos disponibles de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud, en el año 2015 se registraron 45.968 egresos hospitalarios por aborto. De ellos, 7.694 (16.7%) fueron egresos de adolescentes de 19 años y menos, mientras que el 26% fueron de mujeres entre 20 y 24 años.