Después de un “tira y afloje” que se extendió durante varias semanas, y en un extraño caso de cooperación y colaboración entre el oficialismo y la oposición dentro y fuera del Congreso, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la ley de emergencia alimentaria, y todo está dado para que la semana que viene el Senado convierta el proyecto en ley.
Con 222 votos a favor y solo una abstención (la diputada de la izquierda Mónica Schlotthauer) la Cámara baja aprobó la iniciativa impulsada por la oposición. Si el Senado aprueba el proyecto, tal como está previsto, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su aplicación le costará al Estado unos $10.489 millones.
La norma que llegará a la mesa de entradas de la Cámara alta establece una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 de la emergencia alimentaria nacional dispuesta por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 108/2002.
Además, enumera las obligaciones del Estado respecto de la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población, y establece un “incremento de emergencia como mínimo del 50% de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”.
En ese sentido, el proyecto faculta a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del año que viene, “y hasta que dure la emergencia”, a “actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro ‘alimentos y bebidas no alcohólicas’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)”.
Por otro lado, la norma le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias” para que se lleve adelante “un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”.
