El presidente de la Nación, Mauricio Macri, firmó el decreto, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, en el que se instruye a la inmediata enajenación de los bienes “provenientes de decomisos ordenados por resoluciones judiciales”, es decir, de las causas de corrupción.
De esta manera, y antes de las elecciones generales del 27 de octubre, el Gobierno concreta la decisión que hace tiempo había tomado, la de rematar los bienes secuestrados en la causas de supuesta corrupción durante el gobierno de Cristina Kirchner.
El decreto 598/2019 instruye a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para “que proceda a la inmediata enajenación de los bienes que ingresen al patrimonio de los organismos del Sector Público Nacional” que sean provenientes de decomisos judiciales.
Asimismo y según informa La Nueva, se establece que la AABE “podrá requerirle al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto la realización de aquellas gestiones y trámites necesarios y conducentes para la enajenación de los bienes ubicados en el extranjero”.
La idea del Gobierno es vender cuanto antes algunos de los bienes decomisados, por ejemplo, a Lázaro Báez, o los de la causa de los cuadernos de Centeno, entre otros.
“El producido de la venta de bienes que ingresen al patrimonio del Estado Nacional provenientes de decomisos ordenados por resoluciones judiciales, deberá distribuirse de conformidad con lo dispuesto por las leyes vigentes”, cierra el decreto que lleva la firma de Macri y del Jefe de Gabinete, Marcos Peña.
AABE
Ramón Lanús, presidente de la AABE, explicó que “esta decisión tiene un altísimo valor simbólico para todos los argentinos ya que significa recuperar lo que nunca debieron habernos quitado”.
En ese sentido, Lanús sostuvo que “los países modernos proponen la subasta inmediata de los bienes y nosotros queremos ir en la misma dirección”.
“Es para mantener el valor de los activos y evitar su deterioro. Además, existe un fondo de garantía para el caso en que sus propietarios sean sobreseídos”, afirmó el titular de la AABE.
En un comunicado de esa agencia se indica que “la experiencia de Colombia, donde la ley de extinción de dominio tiene rango constitucional, fue uno de los modelos contemplados para elaborar este decreto”.
“El punto central que se tomó como ejemplo es la garantía del derecho a la propiedad privada, siempre que la misma haya sido adquirida en forma legal. A partir de ese marco, todo bien mal habido puede ser incautado, no importa cuándo se haya adquirido: lo que predomina es el origen ilícito del mismo”, apunta.
De acuerdo a lo indicado por la AABE, las subastas “se realizarán de forma inmediata, a través del procedimiento que inauguró la actual gestión: la subasta pública y electrónica en la plataforma COMPR.AR, mecanismo que garantizan la transparencia de la operación”.
“Esto confirma la alineación de la AABE a los procedimientos mundiales establecidos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, subraya el comunicado.
El decreto avanza también sobre los bienes que se encuentren en el exterior. “Para ello se trabajará en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. La publicidad, la competencia de precios y el trato igualitario a todos los oferentes son los pilares del procedimiento para estos casos”, expresó la agencia estatal.
Además, la AABE adelantó que “comenzará con la subasta de 30 bienes que el juez federal Claudio Bonadío ordenó decomisar y que fueran adquiridos por Daniel Muñoz como resultado de operaciones de blanqueo”.
“Según esa investigación, el fallecido exsecretario privado de Néstor Kirchner era el receptor primario de los bolsos repletos de dinero provenientes de las coimas que pagaron empresarios”, indicó la AABE.
“Después de muchísimo tiempo en que “robarle al Estado” era robarle a nadie en particular, hoy queremos romper con eso también; esta medida es un gran paso en esa dirección, y busca poner el beneficio de todos los argentinos por sobre unos pocos. Es un orgullo trabajar institucionalmente en esta dirección”, concluyó Lanús.
