Parecería que del “hay que ayudar a Cristina” que se le atribuye haber dicho en repetidas ocasiones al Papa Francisco cuando la viuda de Néstor Kirchner ocupaba la presidencia se pasó ahora en la Iglesia al “hay que ayudar a Mauricio”. La equiparación seguramente es imperfecta porque las circunstancias políticas no son exactamente las mismas: el pontífice temía que Cristina no terminara su mandato y ello desembocara en una crisis que afectara la calidad institucional y, en definitiva, dañara a los más pobres.
Ahora –aunque algunos tengan dudas sobre la estabilidad del Gobierno- el meollo de la cuestión se ubica en el agravamiento de la situación social tras la fortísima devaluación, el recrudecimiento de la inflación y una incipiente recesión de la mano de un severo ajuste con plazos de salida muy inciertos. Y, por tanto, en la urgencia de asistir a los más necesitados, que vuelven a crecer en número y en necesidades, lo que constituye el caldo de cultivo para desbordes, espontáneos o fomentados.
Frente a este cuadro, la Iglesia está mostrando un espíritu de colaboración en la amortiguación social. Una reunión que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, tuvieron días pasados con los directivos de las Cáritas del socialmente tan delicado gran Buenos Aires para potenciar la ayuda alimentaria fue una demostración palmaria. A lo que se suman otras muestras de complementación a lo largo y ancho del país.
En esa actitud colaborativa -que se materializa sobre todo en los comedores comunitarios y escolares que gestiona la Iglesia-, parece que no hicieron mella las heridas que dejó el duro debate sobre la legalización del aborto, finalmente rechazada en el Senado. Más aún: los obispos, en privado, lamentan que ello haya derivado sobre todo en una “gran cantidad” de templos e imágenes religiosas vandalizadas por grupos radicalizados, además de campañas de apostasía.
Es cierto que no faltaron -ni faltan- en el Episcopado voces muy críticas al Gobierno como la del titular de la Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones, conocido por su severidad hacia la Casa Rosada. Después de haber dicho hace unos meses que “acá de gradualismo no hay nada”, en referencia a los aumentos de tarifa, en un reciente encuentro en Córdoba pidió no ceder a las “imposiciones de los organismos internacionales”, en obvia referencia al FMI.
