La ley de Solidaridad Social y de Reactivación Productiva fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, tal como había adelantado el presidente Alberto Fernández. Se espera que la reglamentación ocurra próximamente, pero para eso se advirtió que “habrá que esperar un poco”.

La norma fue publicada con un veto parcial, que apunta a excluir a empresas del régimen de “Regularización de Obligaciones Tributarias de la Seguridad Social”. De esta manera, de la redacción del artículo 8 del proyecto, serían excluidas las empresas medianas.

La reglamentación de la norma, según confirmaron altas fuentes de la secretaría Legal y Técnica, a cargo de Vilma Ibarra, será oficializada “antes de fin de año”, informó El Marplatense.

Antes de la confirmación de Alberto, había sido el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien había deslizado la posibilidad de que hubiera un cambio: “La ley se va a publicar hoy y ahí se van a conocer los detalles”, dijo el ministro coordinador en la puerta de la Casa Rosada.

“Se está trabajando en la reglamentación, ya tenemos ley para volver a poner de pie a la Argentina”, había anticipado más temprano presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Darío Martínez.

“Los jubilados van a recibir $5.000, reducción de IVA, baja de medicamento. Van a recibir el 8,74% de la movilidad actual más los $5.000 en enero y diciembre”, agregó.

El texto enumera las operaciones alcanzadas por el llamado dólar turista, es decir las que quedarán -durante los próximos cinco años- con un recargo del 30% respecto de la cotización oficial. Y deja abiertos algunos interrogantes. Para evitar cuestionamientos judiciales, en un agregado antes de la aprobación en Diputados, el oficialismo aclaró que estarán exceptuadas las compras previas a la sanción de la ley.

El gravamen se aplicará a las compras de billetes y divisas en moneda extranjera e incluirá el llamado dólar ahorro, con un límite de 200 dólares mensuales fijado durante el último tramo de la gestión de Mauricio Macri.

También la compra de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país, lo que generó cuestionamientos de las agencias locales. El costo extra a su vez abarcará los alquileres temporarios en la Argentina contratados por plataformas globales y los pasajes terrestres, aéreos y por vía acuática de pasajeros con destino fuera del país.