La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de ley impulsado por el trenquelauquense Valentín Miranda que dispone sanciones de hasta 60 días de arresto y multas superiores a los 100.000 pesos a quienes insulten o agredan al personal de salud en el contexto de la pandemia del coronavirus, y solicita establecer un marco de concientización para evitar discriminación de quienes padezcan la enfermedad instando a la Provincia a divulgar información clara, concreta y transparente en la ciudadanía.

La iniciativa tiene un doble propósito de proteger de la discriminación a quienes sufren de coronavirus y cuidar al personal del servicio sanitario que está en la trinchera de la batalla contra el virus Covid-19, y quienes arriesgan día a día su salud por cuidar a cada paciente.

El proyecto final, que fue aprobado y girado al Senado, unifica tres textos de similar tenor presentados por los legisladores Luciana Padulo, Alejandra Lorden y Valentín Miranda.

“Si contra la pandemia luchamos con el barbijo, la higiene personal y el distanciamiento, contra la discriminación social de las personas con Covid-19 luchamos con inteligencia, con información clara y transparente y con un Estado que no permita el rechazo a quienes tienen la enfermedad”, señaló el diputado trenquelauquense tras la aprobación del proyecto.

Para Miranda, “estos son momentos donde valores como la solidaridad, la empatía, el respeto, la responsabilidad tienen que vencer a la discriminación, el egoísmo, y el salvase quien pueda”. El diputado agregó que “es un ejercicio que nos tiene que hacer fortalecernos como sociedad y que tenemos que hacer en conjunto”.

Al mismo tiempo, y en la letra del texto final, se modifica el Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires para disponer sanciones a aquellas personas que, en el marco de la pandemia del coronavirus, agredan a trabajadores de la salud.

La norma incorpora el artículo 74 al Código y dispone multas que van desde 5 hasta 30 días de arresto o el pago de entre el 50% y el 100% del sueldo de un oficial subayudante de la Policía bonaerense, que ronda los 50.000 pesos. Además, prevé la duplicación de la pena si la actitud “pone en riesgo la integridad física o psíquica” de los trabajadores.